El Parlamento de Italia finalmente aprobó el controversial decreto-ley que limitó la posibilidad de gestionar la ciudadanía desde el exterior para los descendientes italianos. Para miles de argentinos, que aspiraban a obtenerla para así conseguir el preciado pasaporte rojo que habilita a residir en Europa y a ingresar a Estados Unidos sin visa, es una mala noticia.
El 28 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, hizo un anuncio que nadie se esperaba. El gobierno de Giorgia Meloni firmó un decreto-legge, el equivalente a un decreto de necesidad y urgencia argentino, que fue el que ahora respaldó la Cámara de Diputados luego de la aprobación del Senado la semana pasada. Mientras tanto, presentó un proyecto de ley sobre el tema que también tendrá que tratar el congreso italiano.
Pero hasta que eso se resuelva, el decreto ya está vigente. Esto implica que, desde ahora, solamente pueden tramitar la ciudadanía en el exterior los hijos o nietos de italianos que hayan mantenido siempre la nacionalidad, es decir, que no se hayan naturalizado.
No se sabe a cuántos argentinos afecta esta situación, pero considerando que sólo en 2024 se reconocieron 30.000 ciudadanías, se estima que son miles. Es que la mayoría la tramitaba justamente por el ius sanguinis, el principio legal que otorga la nacionalidad por descendencia sanguínea y no por el lugar donde se nació.
Así que ya no más bisnietos y tataranietos podrán reclamar este derecho desde Argentina. ¿Qué opciones les quedan a los argentinos que tienen un antepasado italiano?
Tramitar la ciudadanía en Italia
El nuevo decreto-ley estableció que sí pueden tramitar la ciudadanía en Italia. Pero tampoco es tan simple. Porque para poder hacerlo deben residir dos años en ese país. Así, quien demuestre que tiene un avo que pueda transmitirle la nacionalidad, deberá viajar a Italia. Los argentinos pueden ingresar por 90 días como turistas, sin ninguna necesidad de visa. Allí, deberán pedir un permesso di soggiorno, el permiso de residencia, que les permitirá vivir y trabajar legalmente. Pueden instalarse en cualquier lugar del país: no es necesario que lo hagan en el comune de sus ancestros.
Cumplidos los dos años, pueden iniciar el trámite de ciudadanía, el que habilita posteriormente a gestionar el pasaporte. No se requerirá rendir ningún examen de italiano (en algún momento se había hablado de un nivel B1 del idioma) porque se supone que después de estar dos años viviendo e integrado a la comunidad, la persona tendrá al menos un manejo mínimo de la lengua que le permita comunicarse.
El argumento de este cambio normativo, según el Gobierno italiano, no es cerrarles la puerta a los legítimos descendientes, sino abrirla sólo a los descendientes que quieran volver a la tierra de sus orígenes a instalarse y trabajar. Lo que busca Meloni, siempre según la explicación oficial, es evitar las situaciones de quienes tramitan el pasaporte italiano para luego irse a vivir a otro país de Europa, en especial en el caso de los argentinos, a España.
“Ser ciudadano italiano es algo serio. No es un juego para obtener un pasaporte que te permita ir de compras a Miami“, había dicho el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, cuando presentó el decreto. Se refería a que los ciudadanos italianos solamente requieren del trámite de la ESTA para ingresar a Estados Unidos, y no de una visa de turista como sí tienen que gestionar los argentinos.
Nazarena es argentina y vive en Italia hace siete años. Aunque ella tiene ya su ciudadanía, está indignada por lo que está haciendo el gobierno italiano y es una de las que participó en la organización de las marchas en Roma. Ella advierte que no está nada claro lo que vaya a suceder una vez que entre en vigencia el decreto.
“Hay más de 23 tipos de permiso de residencia. Deberían crear otro más, hay que ver con qué condiciones. Hoy para poder trabajar tenés que salir de Italia y la empresa que te contrata tiene que mandar el contrato al consulado de tu país de residencia y una vez que el consulado lo aprueba ahí recién tenés el permiso para entrar al territorio”, señala.
Dice que el alquiler es fácil de conseguir y que el trabajo, depende. “Los jóvenes italianos, según el lugar donde viven, se van en busca de mejores oportunidades y las comunas chicas están quedando casi vacías”, afirma.
Un alquiler de un departamento de dos ambientes en una ciudad a una hora de tren de Roma puede costar unos 500 euros y una habitación en una casa con baño compartido, 300. A eso hay que adicionarle los servicios, que son muy caros: ella vive con su marido y sus hijos y paga unos 500 euros de luz en verano y lo mismo en invierno de calefacción.
Respecto del mercado laboral, dice que es mucho más fácil conseguir para quienes están calificados y hablan italiano. “En los lugares de playa, los balnearios y los bares, te toman en negro por 1.200, 1.400 euros, pero tenés que trabajar todos los días, 12 horas”, describe.
La vía judicial
Según Ricardo Merlo, presidente del Movimiento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) y ex senador y diputado en el Parlamento italiano, los argentinos podrían tener otra vía para reclamar su ciudadanía desde acá: la judicial.
“El derecho a la ciudadanía lo tenés cuando nacés, no cuando vas a hacer el trámite”, argumenta. Por eso, más allá del reclamo por inconstitucionalidad que harán los legisladores en la Corte italiana, explica que individualmente se puede presentar un recurso para que la Justicia reconozca el derecho de ius sanguinis. El dirigente está convencido de que los jueces fallarán a favor porque “cuando esta persona nació, regía la ley anterior”.
En este caso, quien quiera litigar deberá contratar desde Argentina un estudio de abogados que trabaje asociado con otro estudio en Italia. El solicitante firma un poder y el letrado en Italia lleva adelante la demanda, como ocurría hasta ahora con los juicios para el trámite ante la falta de turnos. Por supuesto que en este caso hay que pagar los honorarios de los abogados y las tasas judiciales. Y esperar que los jueces coincidan con esta interpretación de que el ius sanguinis prevalece sobre el actual decreto.