La CGT denunció que el Gobierno quiere eliminar por decreto el derecho a huelga



La CGT repudió este miércoles el decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga de algunas actividades que consideró esenciales y advirtió que “el movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales o los puestos de trabajo”.

El comunicado, difundido a través de la redes sociales de la entidad, anticipó además que la CGT no permanecerá “en silencio” frente a lo que consideró “una grave avanzada” contra el derecho a huelga.

“A través del Decreto 340/2025 titulado ‘Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional’, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”, comenzó el texto de la central obrera.

Luego, asegura que la decisión de declarar como servicio esencial al transporte marítimo de personas y/o productos, por lo cual se debe garantizar el 75% del servicio en medidas de fuerza, equivale a “cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores”.

“La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”, amplió la CGT.

Por último, la central obrera advierte que “dará las batallas que tenga que dar, sean en Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional”.

Este comunicado de la CGT salió en respuesta al decreto publicado por el Gobierno Nacional, que busca regular el funcionamiento de la marina mercante y limitar el derecho a huelga.

Mediante el DNU 340/25 que lleva la firma de buena parte del Gabinete, el Ejecutivo resolvió ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

De esta manera, el listado de actividades consideradas esenciales amplía o incorpora los siguientes rubros: los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios.

También se suman los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin, entre otros.

Para ATE, “el decreto fue pedido por las multinacionales y los empresarios millonarios”

La Asociación Trabajadores del Estado también rechazó el decreto publicado por el Gobierno y sostuvo que detrás de él se encuentran las empresas multinacionales y los empresarios que buscan sacar un rédito económico con mayor producción y peores condiciones laborales.

“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto. Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Y agregó: “El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo. La legislación argentina siempre reguló los servicios esenciales de acuerdo al criterio de la OIT y hasta ahora funcionó muy bien. Esto no tiene que cambiar”.





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