Luego de haber logrado frustrar la sesión anterior mediante maniobras políticas, el oficialismo ahora centra su estrategia en cuestionar el impacto fiscal de los proyectos que la oposición intentará aprobar la próxima semana —actualizaciones previsionales, emergencia en discapacidad e inundaciones— con el objetivo de voltearla otra vez. “Se esconden en causas nobles con el único propósito de poner en riesgo el equilibrio fiscal”, denunció Martín Menem.
La sesión está pedida por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Federal para el miércoles que viene. Está vez no incluyeron la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) -una cuestión de “rosca política”- en el temario para no reavivar los cortocircuitos que le jugaron en contra. Se limitaron únicamente a los proyectos de impacto social.
Este viernes, el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con equipos económicos y aseguró que si las iniciativas se aprueban significarían un costo extra de más de 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI).
El cálculo, aseguran, lo hicieron sobre los dictámenes de mayoría, que al menos en el caso la moratoria está claro que no será el que avance en el recinto si se abre. La oposición todavía trabaja para garantizar el quórum.
“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dolares. (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, salió a presionar Menem en redes.
En esa línea, agregó: “Sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios“.
El radical Julio Cobos fue el primero en contestarle e hizo referencia a la prórroga por decreto que el Javier Milei hizo del Presupuesto de este año. “Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación -por 2 años consecutivos- le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación“, lanzó el mendocino.
Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación -por 2 años consecutivos- le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación.
— Julio Cobos (@juliocobos) May 30, 2025
Sobre la cuestión previsional hay tres proyectos: la actualización global de las jubilaciones en un 7,2%; el incremento del bono actual congelado en 70 mil pesos a 105 mil o 115 mil; y la extensión por dos años de la moratoria que el Gobierno dejó caer en marzo.
La extensión de la moratoria es el proyecto de Unión por la Patria que obtuvo dictamen de mayoría, pero los bloques del medio negocian otra opción: la de fijar un piso básico y que sobre eso se calcule un monto proporcional a los años de aportes realizados.
El oficialismo plantea que la moratoria tiene un costo fiscal de 0,2% del PBI, mientras que la actualización jubilatoria y del bono implica un 1,3% del PBI.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estableció que la moratoria tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Sobre el bono plantean que si sube de los actuales $70 mil a $105 mil a partir de junio, el costo fiscal sería de 1.164.172 millones de pesos (0,14% del PIB), con un costo anualizado de 1.992.853 millones (0,23% del PIB).
En caso de que el bono fuera de $115 mil, el impacto llegaría a 1.500.961 millones de pesos (0,17% del PIB), con un costo anualizado de 2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Sobre la declaración de la emergencia en discapacidad, el Gobierno calcula un costo fiscal de 0.3% del PBI.
La Oficina de Presupuesto del Congreso plantea que declarar la emergencia podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos. Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.