“Convócase a los condenados Julio Enrique Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Fabián Virgilio Rossi y Carlos Juan ;Molinari, para que se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las 10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones”. Con esa frase, el juez y presidente del Tribunal Oral 4 Néstor Cotables ordenó la detención para cumplir las penas de varios involucrado en la causa de la Ruta del Dinero K.
La decisión la tomó este viernes luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia contra Lázaro Báez y los acusados de lavar 55 millones de dólares.
La pena recae ahora sobre cinco involucrados que nunca estuvieron detenidos en el marco de la causa y que tienen condenas de más de tres años. Se trata de el ex presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza, el empleado de La Rosadita Fabián Rossi, el empresario Juan Carlos Molinari, Juan Pablo de Rasis, César Fernández y Eduardo Castro. Rossi es el más conocido de los tres porque era el marido de Ileana Calabró.
Todos tienen que presentarse el lunes a las 10.30 en tribunales para cumplir la condena.
Lázaro Báez el principal condenado en este expediente donde se investigaron maniobras de blanqueo, con una condena de 10 años de prisión, continuará cumpliendo el arresto domiciliario hasta tanto “se conformen los legajos de ejecución, se realicen los cómputos respectivos a fin de determinar su situación procesal en relación al cumplimiento de la condena”.
En la resolución a la que accedió Clarín, el juez Costabel pidió que se informe desde la Secretaría de Cómputos, el tiempo de detención cumpido por el empresario, para después resolver cómo se hará efectiva la condena.
Este criterio aplica también Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Martín Báez, quienes “han transitado la totalidad y/o parte del proceso en prisión preventiva”.
Desde el 2020, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras dejar el Penal de Ezeiza, adonde había ingresado el 6 de junio de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello. Y hace dos años, fue trasladado a la localidad de El Calafate, donde continúa con la morigeración de la prisión preventiva.
Para la justicia, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) se dedicó a lavar 55 millones de dólares. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
Cuando confirmó la sentencia del juicio, la Cámara de Casación Federal sostuvo que el delito precedente de las operaciones de blanqueo era la evasión impositiva instrumentada a través de una usina de facturas apócrifas montadas por Báez.
También se confirmaron multas que oscilan entre dos y seis veces el monto de las operaciones (de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.
El fallo confirmado por la Corte dispone una pena de diez años de cárcel para Lázaro Báez, seis años y seis meses para Martín Báez, seis años para Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, y cinco años para Julio Mendoza.
Con pena de tres años y seis meses, se encuentra Leonardo Fariña. Prisión de cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Fabián Rossi, Eduardo Castro.
Tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Báez, y dos años y seis meses para Walter Zanzot. También se ratificaron las condenas de Carlos Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Bryn a dos años de prisión,
El de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de activos. Sí bien el Tribunal de juicio había dictado doce años de prisión a Lázaro Báez, la Cámara de Casación redujo esa pena a diez años; modificando en consecuencia las atribuidas a los demás acusados.
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
A la hora de dictar sentencia, que obtuvo firmeza por parte del máximo tribunal, se dio por “acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades ‘pantalla’ -eludiendo los controles fiscales-“, los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.
Los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, “por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos”.
Estas operaciones se estructuraron de la siguiente manera: en primer término se expatriaron los fondos “por transacciones en distintos bancos internacionales”, en relación a las cuentas abiertas en Suiza principalmente.
La etapa final del circuito incluyó una “repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados”. Se usó a Austral Construcciones para la compra de bonos y así reingresar al circuito el dinero de origen ilícito.
La suma investigada y que le significó al ex socio comercial de Cristina Kirchner su primera condena por lavado, asciende a 54.870.000 dólares, “coincidente dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez”, consideraron los camaristas.
En este expediente se ponderó como parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la “Rosadita”- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares.
La justicia dio por acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación “ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue Lázaro Báez, quien se valió de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios”.