En poco más de un año, el Senado bonaerense logró avanzar en la designación de 311 jueces y fiscales en puestos vacantes en la Justicia provincial. Nuevos acuerdos entre oficialismo y oposición, y el corrimiento de algunos actores que “obstaculizaban” las discusiones permitieron progresar en una normalización del funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia.
Otro dato: en algo más de dos años, Axel Kicillof no podrá seguir al frente del gobierno provincial. No podía permitir que cumpliera dos mandatos sin dejar una impronta propia en el sistema judicial bonaerense. Por eso, el 60% de los nombramientos que se votaron este miércoles fueron pedidos, solicitados, impuestos o sugeridos por sectores que responden al oficialismo.
Buenos Aires, con 18 departamentos judiciales en el Conurbano y el interior, y más de 2.650 puestos de jerarquía en tribunales penales, laborales, civiles y contenciosos, arrastró cuatro años con un 25% de vacancias permanentes. Eso resiente el desempeño del servicio: jueces que atienden dos o tres despachos; fiscales que deben hacer dos turnos consecutivos y otras deficiencias que impactan en el ciudadano. Y también resienten los circuitos de la política provincial.
“Había intendentes y referentes muy preocupados por la falta de consenso para ocupar los puestos que estaban desocupados en sus distritos”, dijo un senador a Clarín. Eran de todos los espacios políticos y todas las regiones.
Ahora, el mecanismo de nombramiento parece haberse aceitado. En tres semanas se aprobarían otros 85 pliegos que corresponden a cargos sin ocupar en Dolores, Morón, Necochea, Pergamino, Azul, La Plata, Lomas de Zamora y Zarate-Campana. “Los más pesados salieron esta semana. Ahora quedan los que corresponden a ciudades chicas y algún rezagado”, contaron desde la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta provincial.
¿Por qué el gobierno de Kicillof pudo en 4 años obtener apenas 68 designaciones y en 11 meses se concretaron más de 300?. Hay diversas lecturas. Cerca del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, un actor clave en las negociaciones, exhiben un argumento: que con la llegada del camporismo a esa repartición del gabinete de Kicillof, se reactivaron las conversaciones “con todos los sectores”. Mena fue estrecho colaborador de Cristina Kirchner y mantiene línea permanente con su hijo Máximo.
Las conversaciones en la Comisión estuvieron obstruidas mientras el ministro fue Julio Alak, actual intendente de La Plata. “Tenía múltiples compromisos. No podía quedar bien con todos y entonces prefería planchar los pliegos”, fue el análisis que hizo ante Clarín un juez en actividad que conoce los recovecos de la gestión para llegar a la magistratura.
Otros actores de la Legislatura creen que una pulseada con el ex intendente Julio Garro (Pro) por el nombramiento de varios magistrados del departamento Judicial de La Plata paralizó todas las negociaciones.
Con este impulso en el proceso de nombramiento, el sistema pudo reducir a la mitad los puestos vacíos. En el propio oficialismo tienen miradas confrontadas. “Es paradójico: el sector que supuestamente pone palos en la rueda, resolvió el 50% de las vacantes en un puñado de meses”, explicaron con ironía en el ministerio.
Es que ahora, Alak -quien también fue ministro de Justicia de CFK- está alineado con Kicillof y es uno de los lugartenientes del movimiento Derecho al Futuro, con el que gobernador tensiona con el kirchnerismo en todos los frentes. El judicial no es una excepción.
El sistema jurídico provincial tiene falencias que reflejan otros escenarios. El Poder Judicial de la Nación mantiene vacante el 30% de sus puestos. El Gobierno Nacional prometió que avanzaría con el nombramiento de 150 jueces pero los mismos problemas que tuvo Kicillof se replicaron en el Congreso Nacional. La diferencia es que Nación aun no envió ningún pliego. La parálisis en la Comisión de Acuerdos “es total”, según coinciden legisladores oficialistas y opositores.
Después de cinco meses de demoras y desacuerdos, el Senado aprobó los folios para aceptar la postulación de 131 jueces y fiscales.
En las nóminas había funcionarios promovidos por el peronismo y también llegaron de la mano del radicalismo y el PRO. Se cubrieron tres cargos en el Tribunal de Casación (un fiscal y dos defensores), una veintena de camaristas penales, jueces de alzada en fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso y fiscales o ayudantes de despachos del Conurbano y del interior provincial.
Se advirtió en el impulso de los candidatos la mano de dirigentes de la UCR y el PRO como Cristian Ritondo y Maximiliano Abad. Además, entraron preferidos del intendente Fernando Espinoza; y del dirigente Martín Insaurralde a través del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Sergio Massa (ex candidato presidencial de UxP); Gustavo Posse (varias veces intendente de San Isidro); Guillermo Montenegro (alcalde de Mar del Plata) y Gustavo Menendez (de Merlo) también lograron incorporar a sus preferidos en ese extenso listado de flamantes magistrados judiciales.