Con sus dotes histriónicas, Cristina Kirchner argumentó que se presentará como candidata a diputado provincial y no nacional para “ponerle el hombro y hacer la mejor elección” del peronismo. En su anuncio televisivo, se preguntó: “¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en (las elecciones nacionales de) octubre?”, al adelantar su estrategia electoral.
Sin embargo, su decisión tiene también una implicancia judicial oculta: ganará un mes para presentar su candidatura y tener inmunidad de arresto y el derecho a postularse.
La ex presidenta se adelantó en esta carrera de nervios con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe decidir si confirma su condena a 6 años de prisión con la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como estipula el delito de defraudación a la administración pública que hace años atrás, paradójicamente, apoyó el peronismo.
En fuentes del palacio de Hacienda se explicó que el recurso de queja de Cristina por primera vez “se está estudiando”, pero no se abrió en términos judiciales. Además, que es una decisión “exclusiva” de los tres ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sin, en este caso, aceptar opiniones de los secretarios letrados. “Se tienen que reunir los tres y decidir mientras se mantiene silencio de radio”, agregaron esas fuentes. Y repiten “la Corte no se maneja por el calendario electoral, sino por las pruebas y hechos del expedientes en lo referido a los derechos constitucionales”. El estudio del caso podría estirarse más si uno de los tres acepta el pedido del Procurador Eduardo Casal de duplicar la condena a 12 años. En ese caso, habría que llamar dos conjueces.
Pero Cristina ya dio su primer paso. Sucede que la fecha límite para presentar candidaturas para las elecciones nacionales del 26 de octubre es el 17 de agosto.
En cambio, la fecha límite para postularse a diputada para las elecciones del 7 de septiembre para la legislatura bonaerense vence el 19 de julio, es decir un poco más de un mes antes, contaron a Clarín fuentes judiciales.
Se trata de una fecha clave porque la propia Corte en el 2017 habilitó la candidatura de Carlos Menem a senador nacional por La Rioja aunque estaban condenado a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa de la Venta Ilegal de Armas a Ecuador y Croacia. Lo hizo pese a que la Cámara Nacional Electoral había rechazado su candidatura por inhabilidad moral.
Por lo tanto, apenas Cristina presenté su candidatura a la Junta Electoral Bonaerense tendrá inmunidad de arresto y tampoco deberá acatar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, en la provincia de Buenos Aires cuenta con la ventaja de que la Junta Electoral “tiene mayoría peronista”, afirmó una fuente de la oposición provincial.
Ese organismo tiene como presidenta a Hilda Kogan (jueza de la Suprema Corte), Ana María Bourmborde (jueza civil y esposa del senador del PJ Carlos Martínez), Federico Thea (miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia y hombre de Axel Kicillof), Eduardo Delbes y Gustavo Spacarotel.
Es decir, si alguien impugnara la candidatura de la ex presidenta como diputada por la Tercera Sección Electoral debe resolver primero esa junta electoral. Tiene la facultad de sacarle su derecho a presentarse como candidata.
Entonces, si entra un oficio judicial de la Corte con una eventual confirmación de la condena después del 19 de julio podrá ser candidata, según la propia jurisprudencia del máximo tribunal nacional.
Y en última instancia, será la cámara de diputados de la provincia donde el peronismo también tiene mayoría la que tenga la última palabra y no la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo órgano de la Justicia a nivel federal.
Entonces, si es elegida será ese cuerpo legislativo el que debe aceptar o rechazar el desafuero que solicitará la Justicia para que vaya presa, un imposible político con la actual composición del cuerpo.
“Si la cámara de Diputados bonaerense acepta su diploma de diputada después del 7 de septiembre, queda firme y no hay vuelta atrás durante los cuatro años de su mandato”, explicó la fuente judicial. Cristina tiene 72 años y por lo tanto tendría derecho al arresto domiciliario.
En conclusión, esta jugada tiene efecto por cuatro años para la ex presidenta que tiene, además, otros tres juicios orales en marcha. Y con este futuro judicial deberá ser, como Menem, siempre candidata para no ir presa.