El Gobierno aprobó este miércoles la implementación de un procedimiento que permite la resolución de reclamos de los usuarios del sistema de Salud de manera prejudicial, garantizándoles una respuesta eficiente y optimizando el uso de los recursos disponibles.
El denominado “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y será de carácter optativo para quien tenga un reclamo, será una “instancia alternativa previa a la interposición de toda acción judicial, cualquiera sea su alcance o naturaleza”, en los conflictos sanitarios “con los prestadores médico-asistenciales”.
Así lo dispuso el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en la última edición del Boletín Oficial.
El documento, que lleva el número 379/2025 y las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete, indicó en sus considerandos que el procedimiento “se regirá por los principios de voluntariedad, celeridad y confidencialidad, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de una opción prejudicial menos costosa en la resolución de los conflictos de salud”.
Además, se destacó que “teniendo en cuenta la criticidad que revisten las controversias en materia de salud, la mediación previa se celebrará de forma expedita, con plazos breves, en miras de una solución prejudicial eficaz”.
El procedimiento, que requerirá un trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y Justicia para asegurar una capacitación permanente y específica en materia sanitaria, estará activo 60 días después de la publicación en el Boletín Oficial y “permitirá producir información estadística que fortalezca la transparencia y la toma de decisiones informadas en las políticas públicas de salud”.
En el anexo del DNU, se aclaró que la participación de las partes en las audiencias de mediación en el marco del PROMESA requerirá de patrocinio o representación letrada y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no cuenten con recursos suficientes.
“La parte requirente, al momento de solicitar la intervención del mediador o de entregarle la documentación, deberá abonar al Ministerio de Justicia los costos que insuman las notificaciones a las partes requeridas”, establece la normativa.
El procedimiento establece plazos breves (entre 5 y 7 días) para las actuaciones del mediador y para la realización de las audiencias.
También se indicó que el Ministerio de Salud “podría tomar participación en algunos casos sometidos al procedimiento de mediación en materia de salud, con la finalidad de coadyuvar a que las partes alcancen un acuerdo satisfactorio”.
El Ejecutivo invitó a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a crear en sus respectivas jurisdicciones un procedimiento similar, que contemple sus principios y objetivos.
Desde el año 2022 se produjo un aumento persistente en el número de amparos iniciados donde intervino el Ministerio de Salud, registrándose en 2023 una suba porcentual del 20,62 % respecto del año previo, mientras que en 2024 se registró un aumento del 471,79 % respecto al 2023.