Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena del caso Vialidad, el juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner y los otros ocho acusados, le envió un documento a Migraciones para informar sobre la situación de los condenados.
El objetivo es reforzar los controles para que ninguno de los involucrados que deben cumplir penas efectivas de prisión se escapen del país y consigan entrar a otro con el que Argentina no tenga un tratado de extradición.
Con el informe se refuerzan los controles y se incorporan los nombres de los condenados en las bases de datos de ingresos y salidas del país con información de la situación procesal de la ex presidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El objetivo de la medida es frenar que alguno salga del país sobre todo hacia lugares con los que no existen tratados de extradición, como en el caso de Cuba, y que se queden allí a la espera de un cambio político o un indulto.
El procedimiento de Gorini suele activarse cuando hay condenas en diferentes casos. Pero lo cierto es que ahora toma mayor trascendencia porque se trata de una ex presidenta condenada por hechos de corrupción. En el entorno de la ex presidenta sostienen que Cristina Kirchner se mantendrá a derecho y cumplirá su condena.