El ministro de Defensa, Luis Petri, logró aval de la Justicia federal para seguir adelante con el despliegue militar en la frontera norte en el marco del “Operativo Roca”, un plan lanzado en abril para reforzar la vigilancia y el control en zonas límitrofes de Salta y Jujuy. El operativo es polémico porque las funciones de las Fuerzas Armadas se cruzan con tareas policiales de seguridad interior, como la detención de civiles que cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas que se cuestionaron.
Justamente por eso, organizaciones de derechos humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo y pidieron declarar la inconstitucionales del decreto y la resolución ministerial que dieron origen a esa intervención.
Sin embargo, el juez federal de Orán (Salta), Gustavo Montoya, decidió rechazar el hábeas corpus, dando de esa manera luz verde a la continuidad del operativo lanzado por Defensa, que hasta fin de año tiene previsto destinar hasta 10 mil efectivos, en forma rotativa.
“Las fuerzas militares vienen simplemente a colaborar con la seguridad de la zona en materia de ingresos exteriores de, por ejemplo, terroristas y actividad de narcocriminalidad”, expresó el magistrado en su fallo.
El pasado miércoles 11 de junio hubo una audiencia en la que el juez escuchó a los denunciantes, Blanca Lescano, el abogado Martín Plaza y otros miembros de asociaciones de derechos humanos, por un lado; y por Defensa, la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco, el comandante Operacional de las FF.AA., general Cristian Pablo Pafundi y el director general de Asuntos Jurídicos, Augusto Guruciega.
La denuncia se basó -resumió en su fallo el magistrado-, en la supuesta existencia de una amenaza a los derechos de las personas que transitan por la frontera, y que un despliegue militar cause intervenciones directas de las FF.AA. sobre civiles, violando las leyes actuales.
Pero el juez dijo que no advierte que se “ponga en crisis o en riesgo la libertad ambulatoria de las personas”. Expresó que las medidas son en la línea de frontera y “no se van a militarizar” ciudades como sucedió en lugares de México o en las favelas de Río de Janeiro.
El magistrado, que entiende en causas originadas en esa geografía caliente, sostuvo que “vivimos a diario” el fenómeno de la narcocriminalidad. “No nos podemos quedar de brazos cruzados”, aseguró mostrando afinidad en este tema con la postura del Gobierno. Lo mismo para el terrorismo: entrando en consideraciones geopolíticas, recordó que cayó el Muro de Berlín, que se ha logrado la integración entre países evitando hipótesis de guerra, “pero quedan aún las situaciones del terrorismo internacional”.
Citando jurisprudencia de la Corte, sostuvo que a medida que se acercan lugares sensibles de fronteras o de mayores controles, “proporcionalmente disminuyen nuestros derechos”. Puso como ejemplo los aeropuertos, donde no se pueden alegar ciertos derechos para no ser requisado.
Los denunciantes insistieron que hay riesgos para las libertades de las personas y anticiparon que apelarán la decisión del juez Montoya.
El despliegue inicial del Operativo Roca es de 1.300 efectivos en llamadas “Zonas de Seguridad de Frontera”, que no incluyen pasos habilitados ni zonas urbanas.
Clarín reveló a fines de abril que las órdenes reservadas que dio Petri incluyen la posibilidad de detenciones en delitos de flagrancia, entre otras “reglas de empeñamiento” que causaron preocupación por sus posibles derivaciones, en sectores militares contrarios a este tipo de involucramiento. También hubo críticas de la oposición.
El ministro defendió este operativo al concurrir hace diez días a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo asoció con otras intervenciones como el operativo Escudo Norte de tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Aunque esta vez parece claro que el involucramiento es mucho más profundo en tareas de tipo policial en la frontera, en línea con la doctrina de las “nuevas amenazas”.