Sospechas, embargos y fondos oscuros detrás del piso donde Cristina Kirchner quiere quedar detenida



La inmobiliaria Los Sauces -propiedad de la familia Kirchner- es dueña del departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner pidió cumplir bajo el arresto domiciliario la condena por corrupción del caso Vialidad. Un entramado de fondos de origen ilícito y documentación difusa rodean el inmueble que, además, producto de operaciones de lavado de dinero, se encuentra embargado por la justicia.

Desde la confirmación de la sentencia en su contra, Cristina Kirchner se asomó varias veces por el balcón del departamento porteño del barrio de Constitución a saludar a los militantes que permanecen desde en la puerta. En esa propiedad busca cumplir la pena del caso Vialidad: le dieron seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Los Sauces es una de las empresas más importantes de la familia Kirchner. La inmobiliaria, cuya facturación principal provino de dos inquilinos –Lázaro Báez y Cristóbal López con el 86% de los ingresos– fue una “pantalla”, según la acusación que envió a Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo, a juicio oral por lavado de dinero.

Mientras estuvo bajo intervención judicial los números de la inmobiliaria corroboraron lo que la justicia sostenía: nunca tuvo un giro comercial real, no contaba con sede social y tenía un sólo empleado: Ramón Ángel Díaz Díaz, el jardinero de la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate.

En 2019 los interventores entregaron a la justicia federal un informe donde detalla los activos de la sociedad Los Sauces SA, que ascendían entonces a 973 millones de pesos.

Máximo Kirchner, socio mayoritario de Los Sauces, posee el 55% del paquete accionario (el restante le pertenece a su hermana Florencia) y en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción presentada el año pasado consignó bienes por 719.847.540,50 pesos. Muy por encima de los 6.667.336,67 pesos declarados en el período fiscal anterior.

Tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur -sostiene la elevación a juicio de esas investigaciones judiciales por lavado de dinero- se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.

En el caso de la inmobiliaria se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la Justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.

Una vez constituida Los Sauces, la firma comenzó a adquirir propiedades: “más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años”, sostuvo la fiscalía. Las operaciones “fueron constantes en el tiempo” y el derrotero de “alquileres ficticios” devino en un procesamiento por lavado de dinero y por lo cual se intervino la compañía.

Uno de esos inmuebles es el departamento la calle San José 1111, donde el abogado Carlos Beraldi solicitó que se haga efectiva la detención de Cristina Kirchner, bajo la modalidad del arresto domiciliario.

El departamento es parte de un antiguo edificio con unidades de 170 a 190 metros cuadrados, con 4-5 dormitorios y dos baños. El departamento de la ex vicepresidenta está ubicado en el segundo piso.

La descripción dice lo siguiente: “Techos altos de más de cuatro metros, pisos originales de pinotea, cuatro habitaciones y un entrepiso con una escalera diseñada a medida. En la entrada del edificio se destaca una puerta de hierro negra. Clásico, el revestimiento de las paredes del hall de ingreso es de mármol y cuenta con un ascensor antiguo”.

Sin embargo, detrás hay una entramado de operaciones comerciales que fueron parte de la investigación de Los Sauces.

El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por 4 millones de pesos. El mismo día “egresó la suma de 3.959.000 pesos”, señala la denuncia.

Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES (bonos soberanos emitidos para favorecer operaciones inmobiliarias en dólares) que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José y Humberto Primo, donde vive ahora la ex vice.

La casa fue vendida por el director de cine y funcionario K Jorge Coscia, y según la escritura pública la operación se hizo por 370.000 dólares pagados con los CEDINES. La UIF indicó que se “desconoce cuál es el origen o actividad que generó dicho dinero”. Y que la extracción se realizó “sin el comprobante que respalde la operación”.

Cuando en 2019 se valuó el departamento de la calle Humberto Primo 1111, el precio fijado fue de 37.769.600 pesos.

Producto de las investigación por lavado de dinero, la propiedad en la que pide cumplir el arresto domiciliario, se encuentra embargada.



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